Una nueva reforma del Derecho del Trabajo: una nueva reducción de derechos laborales (2ª parte)

En esta segunda parte de la reflexión sobre la reforma laboral vamos a centrarnos en dos aspectos fundamentales que se ven profundamente afectados: la flexibilidad de salida y la negociación colectiva.

3. FLEXIBILIDAD DE SALIDA

El último de los pilares de la vida de los contratos de trabajo también se ve significativamente afectado:

1) Se elimina la autorización administrativa previa para los ERE suspensivos, de reducción de jornada o de extinción. Basta la simple comunicación.

2) Los despidos quedan justificados si hay una disminución durante tres trimestres consecutivos de las ganancias. Se extiende esta posibilidad a la empresa pública, en contra de lo mantenido por la más reciente jurisprudencia.

3) En los despidos por falta de asistencia se elimina cualquier referencia al volumen global de absentismo, ya muy debilitado tras la reforma de 2010.

4) La excepcional (la regla general será la indemnización del despido procedente de 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades), a partir de ahora, indemnización de los despidos improcedentes pasa a 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades. Desaparecen los salarios de tramitación salvo que se opte por la readmisión o el afectado sea representante de los trabajadores.

En definitiva, los sucesivos cambios normativos de los últimos años han terminado conduciendo a esta situación. El despido se concibe como un exclusivo instrumento de gestión empresarial que además de no causal pasa a ser mucho más barato.

4. NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La reciente reforma de la negociación colectiva del año 2011 se ha visto reforzada de manera muy considerable pero sin separarse de las vías abiertas por las reformas del anterior gobierno.

Básicamente, el RD-Ley 3/12 viene a incrementar las posibilidades de modificación no consensuada del convenio colectivo, consagra la superioridad absoluta del convenio colectivo de empresa y permite que su pueda eliminar la ultraactividad si no hay un nuevo convenio colectivo tras el trascurso de dos años desde la finalización de su vigencia.

El convenio colectivo, como consecuencia de este régimen jurídico, pierde buena parte de la fuerza vinculante que le atribuia el art. 37 de las Constitución de 1978. Véamos como se produce este efecto. El convenio colectivo vigente puede verse modificado antes de lo previsto por los negociadores en el caso de que se haya producido una reducción del nivel de ingresos o ventas empresariales durante dos meses. Es decir, que la negociación de las partes, en las que ambas realizaron sacrificios de sus posiciones de partida y que dio como resultado el convenio, se rompe por dicha reducción, nunca por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores o el incremento de la penosidad de la prestación de trabajo.

Una vez concurre esta causa, se abre un breve período de consultas cuyo resultado sólo es trascendente si los trabajadores aceptan las posiciones empresariales. En caso contrario, se somete el desacuerdo al órgano de administración del convenio, formado por las mismas partes que previamente rechazaron el acuerdo. En caso de que el deseo empresarial de modificación empresarial no sea aceptado se recurrirá al arbitraje voluntario o, y aquí la gran novedad, obligatorio. Todo ello en un período de poco más de un mes. Aquí se encuentra, a nuestro entender, el aspecto más “tremendamente agresivo” de la reforma, ya que el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de declarar la inconstitucionalidad de los arbritrajes obligatorios en su Sentencia 11/81, por ser contrarios al derecho fundamental de huelga. Derecho que la patronal ha solicitado, tras la aprobación de la reforma, que sea regulado
conforme a sus intereses.

5. CONCLUSIÓN
En conclusión, todo aquello que ya estaba apuntado en las reformas
laborales de 2010 se lleva hasta sus últimas consecuencias, rompiendo incluyo el pacto claudicante que dio lugar a la Constitución de 1978. Esta reforma del mercado de trabajo ha supuesto un incremento de las notas caracterizadoras del sistema económico que ha puesto al planeta al borde del colapso.

Este sistema se caracteriza por una sobreexplotación de todos los
recursos naturales y humanos que convierte en mercancías. Tras décadas en las que se ha abusado del uso de materias primas y energía, ya sólo le queda para seguir su huida hacia el suicidio abaratar el factor trabajo.

El trabajo es para el capitalismo una simple mercancía que se compra y se vende. Los derechos conquistados con mucho sufrimiento por nuestros padres y abuelos matizaron esta consideración del factor trabajo. Sin embargo, un retroceso en tales derechos significa potenciar la concepción de pura mercancía del trabajo independizado de la persona de la trabajadora.

En definitiva, ir en contra de esta reforma supone ir en contra del modo de producción capitalista y abogar por la única solución viable para el planeta y las personas que en él habitamos: el ecosocialismo.

 

 

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